El primer encuentro en esta serie de conferencias virtuales fue con el presidente y el gerente general de ACA, Claudio Soumoulou y Mario Roubino, respectivamente. Perotti estuvo flanqueado por el ministro de Producción Daniel Costamagna y en esta oportunidad se interiorizó sobre el peso de la deuda de la agroexportadora en el sector cooperativo. En esta instancia, la idea era conocer de primera mano la postura de los principales acreedores de Vicentin.
Según fuentes oficiales, la deuda con acopiadores nucleados en la Asociación Gremial de Acopiadores asciende a $12.800 millones, de los cuales $6.867 corresponden a acopiadores santafesinos. De ese último monto, "a ACA le corresponden $6.000 millones y a la Unión Agrícola de Avellaneda $750 millones", según reconocieron desde el entorno de Perotti.
El siguiente destino en este raid de encuentros virtuales fue el gremialismo rural, que estuvo representado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe); Federación Agraria Argentina (FAA); Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro. En esta oportunidad, Perotti estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y si bien fue una reunión extensa, se desarrolló en medio de un buen clima y con la idea de avanzar en acuerdos.
El último encuentro fue con la Asociación Gremial de Acopiadores, que representa a 386 acopios. En esta reunión, el dato a tener en cuenta fue la participación de Gabriel Delgado, pieza clave en el plan diseñado por el gobernador santafesino. En el encuentro también dieron el presente representantes de la Unión Agrícola de Avellaneda
Desde la gobernación santafesina también reconocieron que mientras el juez Fabián Lorenzini analiza el pedido del oficialismo de suspender la resolución que reintegró la administración de Vicentin a los directores de la sociedad, esta normativa continuará vigente. La titular de la Inspección General de Personería Jurídica (IGPJ), María Victoria Stratta, solicitó al juez Lorenzini que desplace al directorio de la firma de la administración, reemplazarlo por un órgano colegiado compuesto de tres interventores.
Por su parte, desde la empresa santafesina advirtieron se desacuerdo con la propuesta del gobernador Perotti, al entender que se trata de una "expropiación encubierta", según aclararon a través de un comunicado. En el documento explicaron como evolucionó su operatoria con el Banco Nación y señalaron que "luego de la devaluación de agosto de 2018, el monto en pesos se duplicó y en agosto 2019 alcanzó los $18.500 millones".
(FUENTE: Baenegocios.com)
